![]() | Nº135 - Volumen XXVIII Septiembre/Octubre 2017 ![]() |
Todos recordamos, o deberíamos hacerlo, lo acaecido a la sociedad argentina durante la crisis de 2001. Poco después de esa tragedia el conjunto de los organismos de defensa de los derechos humanos de nuestro país convocó, siguiendo el modelo del Tribunal Russell -luego Tribunal de los Pueblos-, un “Tribunal ético contra la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo argentino”, que sesionó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, entre el 5 y el 7 de diciembre de 2002, con el objetivo de hacer un balance de aquel sombrío periodo de nuestra historia, caracterizar las políticas que lo produjeron e identificar a sus responsables. En esa oportunidad, uno de nosotros fue invitado, en tanto profesor del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, a presentar un informe sobre el tópico: “Efectos de las políticas neoliberales sobre la salud mental de la población argentina”, ante un jurado compuesto por relevantes personalidades de la cultura, las ciencias, los derechos humanos y el mundo del trabajo. Entre otros aspectos de ese alegato se incluyó la descripción de las consecuencias de la desocupación por pérdida del empleo en la población, basándonos en datos de estadísticas oficiales, testimonios de colegas de diversos servicios hospitalarios y, particularmente, de un trabajo de investigación (se procesaron 500 variables y 60.000 datos), desarrollado entre 1998 y 2002 en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Según el resultado del mismo se observó que los desocupados sufrían una sensación de aislamiento e imposibilidad de dialogar con sus pares; experimentaban una sensación de estigmatización, culpa, vergüenza y humillación por estar desempleados, se sentían desvalorizados por su grupo familiar, experimentaban un debilitamiento de la imagen y de la función paterna, reinterpretaban negativamente su historia personal y tenían una valoración negativa de su capacidad para obtener trabajo. En lo que respecta a las funciones psicológicas generales tales como pensamiento, motricidad, orientación témporo-espacial, lenguaje y atención se verificó que el 25% de los encuestados sufrían diversos grados de alteración de las mismas. Sus relaciones de pareja empeoraron en un 30% de los casos; y se observó la presencia de diversos cuadros y síntomas: conductas evitativas o violentas y tendencias adictivas, crisis de angustia, trastornos del sueño, pérdida de autoestima, depresión e ideas suicidas y múltiples afecciones psicosomáticas (respiratorias, cardíacas, dermatológicas, neurológicas y digestivas). Una adecuada política de Salud Mental al servicio del conjunto de la población, exige considerar la dimensión socioeconómica de la sociedad. Como el campo de la Salud Mental se define como intersectorial e interdisciplinario, los profesionales del área estamos fuertemente concernidos por esos fenómenos. Además, existe suficiente consenso internacional para afirmar que cualquiera sean las causas involucradas en la génesis de los trastornos mentales, el ambiente social influye sobre la vulnerabilidad de las personas, facilitando su desencadenamiento y prolongando su evolución. Ante la difusión de datos que anuncian una progresiva disminución de la estabilidad laboral y el anuncio de su empeoramiento en razón de la aplicación de políticas neoliberales de ajuste, los profesionales de la salud nos vemos obligados a alertar sobre sus efectos ya conocidos y encender una luz de alarma ante el riesgo de una nueva catástrofe sanitaria. Juan Carlos Stagnaro - Santiago Levin |