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VERTEX - Revista Argentina de Psiquiatría
 | Nº145 - Volumen XXX Mayo/Junio 2019  Descargue este número en su PC |
El principio que afirma que la investigación en ciencia y tecnología desempeña un papel sustancial en el crecimiento económico sostenible de un país, es decir, en el aumento del empleo y el nivel de bienestar de los ciudadanos, está suficientemente consensuado a nivel mundial. Las políticas de Estado, dirigidas a dar sustento material a los investigadores y a sus requerimientos para llevar adelante sus tareas, es decir, los presupuestos públicos en ciencia e investigación expresados en salarios y subsidios, son insumos indispensables para lograr esos objetivos nacionales. Además, las estrategias a largo plazo para alcanzarlos comienzan desde los niveles de la educación primaria, secundaria y terciaria hasta los de las especializaciones más avanzadas y complejas del quehacer científico. Toda esa cadena de estamentos educativos y de oportunidades formativas presentan un grave y progresivo deterioro en nuestro país en los últimos años. Fernando Pitossi, bioquímico (UBA) e investigador principal del Conicet, que en la actualidad está a cargo del Laboratorio de Terapias Regenerativas y Protectoras del Sistema Nervioso del Instituto Leloir, en recientes declaraciones denunció que “de manera cotidiana sufrimos un problema de financiamiento muy fuerte”, y que es preocupante mantener y acrecentar la masa crítica necesaria de los investigadores jóvenes, ya que “resulta muy difícil retenerlos porque cada vez cuesta más hallar un futuro para ofrecerles. La desmotivación en estos jóvenes hipercalificados comienza a calar hondo, muchos deciden dedicarse a otra cosa y otros, que tienen una vocación muy fuerte, emigran con la esperanza de volver cuando la cosa vuelva a estar mejor… Muchos están pensando en irse y algunos ya se están yendo” (Página 12, 12/06/19). En efecto, desde fines de 2015 las estructuras de ciencia y tecnología sufrieron retrocesos institucionales y ajustes presupuestarios en todos sus órdenes. En la actualidad el porcentaje del PBI para el área es de 0,25 aunque el objetivo de mínima debería alcanzar el 1%. La realidad indica que el actual gobierno no prioriza este sector como parte de su agenda de políticas públicas. En el extremo opuesto se verifica el mismo desinterés: según un estudio realizado por Unicef y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), los niños más pequeños que viven lejos de las ciudades y provienen de familias con menores ingresos tienen menos posibilidades de asistir al nivel inicial, es decir, jardín maternal y de infantes. De acuerdo con el Mapa de la Educación Inicial en Argentina, “existen fuertes desigualdades en el acceso de los niños y niñas de 0 a 5 años a la educación inicial, la dotación de los equipos docentes es dispar, y las currículas están desactualizadas”. En primer lugar, cuanto más pequeños son los niños, menos asisten a la escuela: a nivel nacional la tasa de matriculación en niños de 5 años es del 96,1%; en sala de 4 es de 84,6%; en sala de 3 es de 40,6% y en menores de un año apenas llega al 0,7%. Además, que la asistencia a establecimientos educativos varía según el nivel socioeconómico de los niños: sólo el 4 % de niños de 2 años provenientes de familias de bajos recursos pueden concurrir a una institución de crianza, enseñanza y cuidado. Asimismo, la oferta de escuelas es más reducida para quienes viven lejos de centros urbanos. Según el estudio, y solo el 40% de las escuelas rurales ofrece sala de 3 y el 6% jardín maternal. De continuar estas políticas educativas un panorama sombrío se cierne sobre la independencia tecnológica posible y el desarrollo argentinos. Esa situación requiere un enérgico e inmediato cambio para evitar ese futuro. Juan Carlos Stagnaro |