![]() | Nº147- Volumen XXX Septiembre / Octubre 2019 ![]() |
Según los datos del Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) de fines de septiembre de este año, la pobreza alcanzó al 35,4% de las personas que habitan la Argentina, alcanzando, así, el máximo valor de los últimos cuatro años; mientras que la tasa de indigencia se ubicó en el 7,7%. En otros términos: hay más de 16.000.000 de pobres en el país, de los cuales 3.400.000 están en situación de indigencia. Semejante deterioro de la situación social se explica por la destrucción del poder adquisitivo del salario y de otros ingresos, junto a la crisis laboral que entraña reducción de horas trabajadas y aumento del desempleo (en el segundo trimestre del año la desocupación se ubicó en el 10,6%, el nivel más alto en catorce años). Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), el gobierno actual inició su gestión con un nivel de pobreza del 29%, y terminaría su mandato con un nivel del 38%. La evolución de la pobreza e indigencia por ingresos tiene que ver con la falta de acceso a una determinada canasta de bienes y servicios básicos. Según las estadísticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dicha canasta calculada para un matrimonio de 35 años, ambos trabajadores activos y propietarios, y con dos hijos menores de edad, era de $12.356 mensuales en mayo de 2016. El mes pasado, ese valor se ubicó en $32.823, lo cual implica una suba del 165% en algo más de tres años. En el caso de la canasta de indigencia, el valor pasó de $6110 por mes a $16.181, un crecimiento del 164%. En el mismo período, el salario mínimo pasó de 6060 pesos a 12.500 pesos, un incremento del 106%, 60 puntos por debajo de la inflación, mientras que la jubilación pasó de $4959 a $11.537, lo cual implica una suba del 132%, 30 puntos por debajo de la inflación. En el desagregado por franjas de edad, el pico de pobreza se verifica en niños y niñas de hasta 14 años de edad, con el 52,6% de pobres; y la indigencia alcanza el 13,1%. En la franja de 15 a 29 años, la pobreza alcanza el 42,3% de las personas y la indigencia el 9,4%. Entre los 60 y los 64 años, la pobreza afecta al 30,4% de las personas y al 10,4% entre las de 65 o más años. La Organización Mundial de la Salud (OMS), define claramente que “La salud mental está determinada por múltiples factores socioeconómicos, biológicos y medioambientales […] Las presiones socioeconómicas persistentes constituyen un riesgo bien conocido para la salud mental de las personas y las comunidades. Las pruebas más evidentes están relacionadas con los indicadores de la pobreza […] La mala salud mental se asocia asimismo a los cambios sociales rápidos, a las condiciones de trabajo estresantes, a la discriminación de género, a la exclusión social, a los modos de vida poco saludables, a los riesgos de violencia y mala salud física y a las violaciones de los derechos humanos”. A contrario sensu la promoción de la salud mental consiste en acciones que creen entornos y condiciones de vida que la propicien y permitan a las personas adoptar y mantener modos de vida saludables. Un ambiente de respeto y protección de los derechos civiles, políticos, socioeconómicos y culturales básicos es fundamental para la promoción de la salud mental, y sin la seguridad y la libertad que proporcionan estos derechos resulta muy difícil mantener un buen nivel de salud mental. Las cifras mencionadas antes le ponen números al sufrimiento cotidiano de millones de compatriotas. Es esperable que la acumulación de estresógenos al que están sometidos para sobrevivir, protegerse y proteger a sus familias haga precipitar en crisis emocionales a aquellos con personalidades más vulnerables. Salta a la vista que el problema es político y su solución pertenece a ese campo. Es imprescindible y urgente un cambio en el rumbo político del país para evitar esta catástrofe en la salud mental de los argentinos. Juan Carlos Stagnaro |